La mirada desconfiada de la imágen de Ghulam, una niña afgana de once años sentada junto a su marido de 40, realizada por la fotógrafa estadounidense Stephanie Sinclair, elegida en Berlín como la mejor fotografía del año 2007 por UNICEF.

A pesar de que los Estados Unidos y sus aliados argumentaron la defensa de los derechos humanos de las mujeres como una de las principales razones para justificar la invasión en el país en 2001, Afganistán es uno de los países donde menos se respetan los derechos de las niñas y mujeres. Ocho años después de la caída de los talibanes, ellas sufren altos niveles de violencia y discriminación, y su acceso a la justicia y a la educación es deficiente.
De acuerdo con un nuevo informe titulado “Tenemos las promesas del mundo: Los derechos de la mujer en Afganistán”, publicado el fin de semana pasado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) la situación de las mujeres es sombría en todas las áreas, incluyendo la salud, la educación, el empleo, la libertad de violencia, la igualdad ante la ley, y la participación política.
La organización señala que pese al compromiso retórico con los derechos y el empoderamiento de las mujeres, y de los millones de dólares ya invertidos en programas de desarrollo humano y de apoyo a las mujeres, la atención de parte del gobierno y la comunidad internacional está centrada en el conflicto armado, en lugar de considerar un concepto más amplio de seguridad civil y del Estado de derecho.
“Las mujeres no somos prioridad para nuestro gobierno ni para la comunidad internacional. Hemos sido olvidadas”, expresó la parlamentaria afgana, Shinkai Karokhail, ante la organización.
En marzo de este año, la Ley sobre el Estatuto Personal Chiita, aprobada por el Parlamento y firmada por el presidente afgano Hamid Karzai, volvió a llamar la atención internacional sobre cómo ha empeorado la situación de los derechos humanos de las mujeres.
Ante las protestas nacionales e internacionales, Karzai permitió la modificación de la ley, pero se mantuvieron muchos artículos atroces que imponen restricciones drásticas a las mujeres chiitas, entre ellas la obligación de que pidan permiso a sus esposos para salir de casa, salvo que lo hagan por “motivos legales razonables” no especificados. El informe enfoca cinco áreas claves de importancia para la vida de las mujeres: ataques a mujeres en la vida pública, violencia en contra de ellas, matrimonio infantil y forzado, el acceso a la justicia, y el acceso de las niñas a la educación secundaria.
ATAQUES A MUJERES EN LA VIDA PÚBLICA
Según Human Rights Watch, las afganas que participan en la vida pública están sometidas habitualmente a las amenazas y la intimidación, y varias mujeres destacadas han sido asesinadas, sin que sus casos se hayan llevado ante la justicia.
Un caso ejemplar es el de Sitara Achakzai, política y defensora de los derechos humanos, quien fue asesinada en abril 2009, después de haber recibido múltiples amenazas durante meses. Su muerte es otra advertencia para todas las que participan activamente en la vida pública.
La violencia en contra de las mujeres en Afganistán es endémica, afirma la organización. Un estudio nacional publicado en 2008, destaca que 87.2 por ciento de las 4 mil 700 mujeres encuestadas han experimentado por lo menos una forma de violencia física, sexual o sicológica, incluyendo el matrimonio forzado y los “asesinatos de honor”.
HRW constata que, muchas veces, la actitud de las autoridades responsables de resolver tales casos refleja los puntos de vista misóginos, originados en la cultura tradicional del país, pero cada vez más rechazados por las generaciones jóvenes.
Soraya Sobhrang, de la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos (AIHRC, por sus siglas en inglés), expresó ante la organización que “los policías y los jueces ven la violencia en contra de las mujeres como legítima, por eso no procesan los casos.”
MATRIMONIO INFANTIL Y FORZADO
De acuerdo con el informe, 57 por ciento de todos los matrimonios que se llevan a cabo en Afganistán son clasificados como matrimonios infantiles por el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), ya que se realizan con menores de 16 años. Además, destaca que entre 70 y 80 por ciento de los matrimonios son forzados.
HRW indica que existe una correlación entre la violencia doméstica y el matrimonio infantil y forzado, y que el matrimonio precoz contribuye a que las niñas se salgan de la escuela y se embaracen a una edad muy joven, lo que incrementa el riesgo de complicaciones de salud y muerte materna.
EL ACCESO A LA JUSTICIA
Los códigos socioculturales vigentes en Afganistán limitan el acceso de las mujeres a los servicios de justicia, ya que muchas temen ser estigmatizadas como “mujer mala”, señala la organización. Además, ellas enfrentan discriminación y prejuicios en los departamentos policiales y en las cortes de justicia, cuando quieren demandar agresiones en su contra.
Según Human Rights Watch, los policías muchas veces no conocen la ley pero penalizan a las mujeres según las costumbres patriarcales, que ponen énfasis en las nociones femeninas de “honor” y “pureza”. La mayoría de las encarceladas fueron acusadas de haber mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales o de haber “escapado” –actos que no son calificados como crimen en la ley afgana ni en la Sharia, pero que reflejan un punto de vista que considera a las mujeres como una propiedad de sus maridos o padres.
SÓLO 11 POR CIENTO DE NIÑAS ESTÁN INSCRITAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Después de que los talibanes erradicaron las escuelas para niñas, no es sorprendente que la educación de las niñas se haya convertido en el símbolo más elemental del esfuerzo internacional en Afganistán.
A pesar de algunos avances en el área educativa, todavía permanecen disparidades significativas de género: sólo el 11 por ciento de las niñas en edad escolar están inscritas en una escuela secundaria, señala el informe.
Para mejorar la situación de las mujeres en Afganistán, Human Rights Watch recomienda al gobierno afgano tomar una serie de medidas, bajo las cuales figura la realización de una campaña de concienciación para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y el pueblo afgano, entiendan que la violencia en contra de las mujeres es un delito.
Además, el gobierno debe ampliar la disponibilidad del registro de los matrimonios y hacerlo obligatorio, y, con el apoyo de la ONU y otros donantes, debe dar prioridad a la seguridad de las candidatas y electoras femeninas en la planificación de las elecciones parlamentarias de 2010.
Fuente: CIMAC Noticias 10-12-2009

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