Mujeres de Vanguardia

FUENTE: Entrevista del programa “En Órbita” de YVKE MUNDIAL
El programa “En Órbita” habló el pasado 7 de octubre con Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, una organización de derechos humanos que impulsa desde Medellín la investigación de las ejecuciones extrajudiciales a manos de la fuerza pública en Colombia, y el fin de la impunidad.
Foto: Archivo) Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que hace parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, organización que ha presentado el informe sobre ejecuciones extrajudiciales.

¿Cuáles son las principales conclusiones que se derivan de la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales que ustedes vienen desarrollando en Colombia?
Una de las regiones donde empezamos a denunciar ese fenómeno con mayor fuerza en el país fue la región del oriente de Antioquia, donde hemos documentado hasta la fecha cerca de 125 casos de ejecuciones extrajudiciales desarrolladas en el marco de seis operaciones militares sostenidas en la región. Esa preocupación se fue extendiendo a diversas zonas del país.
Por eso, desde la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que es una coalición de 187 organizaciones de derechos humanos y sociales, emprendimos una tarea de investigar, documentar, y las organizaciones que tenemos asistencia jurídica, decidimos llevar esos casos en el trámite judicial y por eso nos embarcamos en dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una investigación que hicimos sobre el caso del oriente antioqueño, y el año pasado en una Misión Internacional de Observación en donde vinieron 13 observadores que pudieron recibir testimonios de 132 personas de casi todas las regiones del país.
Una de las conclusiones de estos informes es que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia son sistemáticas, están desarrollando unos patrones que son repetidos iguales en todas las guarniciones militares. Puede estar en Putumayo, en Santa Marta, en Antioquia, y operan de la misma manera.
Se identificaron unos patrones de comisión de las ejecuciones extrajudiciales y se identificaron unos patrones de impunidad, porque lo más grave de esta problemática de ejecuciones extrajudiciales es que quien inicia las investigaciones es la propia jurisdicción penal militar. Los militares son los que se investigan a sí mismos, lo que está generando una fuerte impunidad.
Todo eso ha sido el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando, en el marco de activar los organismos internos, tanto la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría, y activar los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales y promover acciones alternativas, como la Misión Internacional de Observación.
¿Cuál es el contexto en el que se producen las ejecuciones extrajudiciales en Colombia?
La realidad de violaciones a los derechos humanos, en especial del derecho a la vida en Colombia, adquirió una dimensión diferente a partir de la implementación de la Política de Seguridad Democrática, que otorgó mayores facultades a los miembros de las fuerzas militares y facilitó la mayor operatividad militar y eso en un marco desde el Gobierno Nacional, de estigmatización a muchos sectores de la población civil, en especial a pobladores urbanos de barrios marginados, campesinos.
En el marco de esa estigmatización se desarrollaron grandes operaciones militares, como por ejemplo la Orión, acá en Medellín, o en Arauca, o lo que es todo el Plan Patriota. Esa estigmatización,más ese mayor número de acciones militares, ha provocado que miembros de las fuerzas militares, principalmente del Ejército, pero igualmente de la Policía, estén en la perspectiva de mostrar mayores resultados en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra la insurgencia, mostrar mayor efectividad en ese combate. Y eso ha dado lugar a que muchas personas, campesinos, indígenas, pobladores marginados, indigentes, sindicalistas, líderes comunitarios, líderes sociales, afrodescendientes, pero principalmente campesinos, sean asesinados y mostrados a la opinión pública como si fueran guerrilleros abatidos en combate.
El Informe que fue publicado por esta comisión a finales del año pasado hablaba de que entre julio de 2002 y julio de 2007 habían recogido evidencias de al menos 955 ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuáles son los datos en este momento?
Sí, esa era la información que nosotros habíamos recogido a junio del año 2007. Nosotros hablábamos de 235 casos de ejecuciones extrajudiciales en el año 2007, y toda la investigación que ya terminamos de los casos que se cometieron en el año 2007ya a la fecha, tenemos documentados 362 casos, solamente en el año 2007, en los 5 años de gobierno del presidente Uribe, estamos documentando 1122 casos de ejecuciones extrajudiciales.
¿Qué posibilidades hay de que estos asesinatos sean investigados y castigados dentro de Colombia?
Esa es nuestra tarea fundamental: la lucha por la superación de la impunidad. Por eso nosotros en los organismos internacionales como la Comisión Interamericana, como la Misión Internacional de Observación hemos solicitado, y eso fue lo que recomendó la Misión el año pasado, que los casos sean asumidos por la jurisdicción civil, en este caso por la Fiscalía General de la Nación, porque, en todo caso, la jurisdicción penal militar no es un órgano imparcial ni independiente.
Hemos encontrado que algunos casos de estos que tenemos documentados han pasado a la jurisdicción civil, a la Fiscalía General de la Nación, y esto es un adelanto importante. Sin embargo, creemos que la Fiscalía debe tomar medidas más serias, más claras, más contundentes para que en todos los casos de homicidios que se presenten por la fuerza pública, sean investigados por la Fiscalía General de la Nación. Si la Fiscalía logra evidenciar que se trató de un homicidio en combate, perfectamente la jurisdicción civil puede archivar el proceso y absolver a los implicados. Pero nosotros estamos diciendo es que sea la Fiscalía quien tome esa determinación.
Sin embargo, acá en Colombia, el Ministerio de Defensa creo una institución que se llama el Comité de Seguimiento, que es una instancia en la que participan sólo los funcionarios militares y son ellos mismos quienes determinan qué casos se van para la jurisdicción civil y qué casos se quedan en la jurisdicción penal militar, lo que es un contrasentido, porque los militares nunca tienen funciones jurisdiccionales.
Ese tipo de funciones le corresponden a la justicia civil, que en nuestro caso se llama el Consejo Superior de la Judicatura. Pero esta instancia militar, promovida desde el Ministerio de Defensa, lo que de alguna manera está generando es que se cree un mecanismo adicional extralegal, extraconstitucional para obstaculizar o demorar, como mínimo la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, lo que es muy grave, porque si estas investigaciones no se adelantan de manera rápida y seria, con todas las técnicas forenses, es muy difícil que las investigaciones puedan prosperar.
¿Por qué la impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad está tan extendida en Colombia?
Hay una situación muy grave cuando se trata de violación de derechos humanos, es que en Colombia han existido leyes, normas, dispositivos legales y administrativos que han logrado generar una violación sistemática, una política deliberada del Estado en violar los derechos humanos. De hecho, el paramilitarismo existe desde 1965, y lo que han hecho a través del tiempo ha sido generar toda una normatividad para que puedan actuar en muchas regiones y de diversas formas. Igualmente también han existido muchos mecanismos de impunidad que han logrado generar desafortunadamente también en los victimarios la idea de que es posible actuar también porque no van a tener ninguna sanción ni ningún reproche político, ni moral, ni jurídico, ni punitivo, frente a la inmensidad de los crímenes que han cometido.
Recientemente un fiscal destacado ante la Corte Suprema de Justicia acaba de dictar un auto inhibitorio a favor del vicepresidente de la República, quien había sido acusado por un comandante paramilitar y por otro paramilitar de haberse reunido con Carlos Castaño para crear un grupo paramilitar en Bogotá. Ese tipo de decisiones, sin que la fiscalía profundice y se detenga a examinar lo que ocurrió en la realidad, sino que, rápidamente, cierre las investigaciones, eso crea desconfianza en la sociedad colombiana. Y también la idea de que la justicia es para los de ruana, como decimos acá, o sea, que hay unas penas severísimas y todo el rigor de la ley para los que no tenemos ningún poder económico y para aquellos sí hay una gran impunidad.
¿Quiénes comparecerían como responsables de las ejecuciones extrajudiciales, en caso de que prosperara una demanda ante la Corte Penal Internacional?
Hay distintas formas de responsabilidad: están los militares de menor rango, que son los que asesinan, pero también existe toda una cadena de mando que ha propiciado, encubierto, favorecido e impulsado a cometer esos crímenes. Eso sería también la posibilidad de llegar a altos mandos militares, incluso a personas del alto gobierno.
Al menos 535 colombianos fueron asesinados por Ejército y policía desde 2007

(Foto: Archivo) Muchos de los presentados como "guerrilleros dados de baja en combate" son en realidad campesinos y líderes sociales civiles.

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos presentó este jueves un informe que documenta 535 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública colombiana (Ejército y Policía) en el último año y medio. Pese a que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, afirmó en septiembre que “había habido una importante reducción de casos”, el volumen es tan grande que el presidente Uribe ha tenido que suspender a 25 militares esta semana.
(Patricia Rivas), Rebelión, CCEEU
Viernes, 31 de Oct de 2008.

El Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos, que agrupa a 187 organizaciones sociales y de derechos humanos, publicó este jueves el informe “EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES: REALIDAD INOCULTABLE” (2007 – 2008). Los datos que arroja esta investigación, que recoge solamente una pequeña parte -la que ha sido posible documentar- de la real dimensión de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, son aterradores:

“Entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008 hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. Quiere decir que en estos 18 meses una persona perdió la vida cada día victima de una ejecución extrajudicial. Esto significa un aumento de casi el doble de los hechos registrados durante el periodo comprendido entre el 1º de Julio de 2002 y el 30 de junio de 2007 (en el cual se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir una víctima cada dos días) y del triple con relación al período anterior a la posesión del actual gobierno comprendido entre enero de 1997 y junio de 2002 (en el cual se registraron 669 casos, es decir, una persona cada tres días).
El informe destaca que “en el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de “seguridad democrática” promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002. Así, entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”.
"Limpieza social" contra jóvenes marginados
“El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, expresó el 9 de septiembre pasado que había “una importante reducción de casos” de ejecuciones extrajudiciales, según las cuales, durante lo corrido del año sólo habrían ocurrido 25 casos. Los hechos posteriores de Soacha y Ciudad Bolívar y los que se evidenciaron a partir de esta situación en distintas regiones del país, han mostrado no sólo que esta práctica atroz permanece y se extiende de manera sistemática a nivel nacional, sino que también se presentan nuevos patrones y modalidades que buscan ocultar o encubrir la comisión de los mismos y mantenerlos en silencio, con el fin de asegurar la impunidad de sus responsables. La desaparición forzada de jóvenes socialmente marginados y su desplazamiento a distintas regiones, donde posteriormente son ejecutados, ha puesto en evidencia la existencia de redes macabras al interior de las Fuerzas Armadas, para cometer estas violaciones”.
Los nuevos patrones de comisión de las ejecuciones extrajudiciales, que la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos venía registrando, y que se pusieron en evidencia a partir de los casos denunciados sobre la desaparición y ejecución de los jóvenes de Soacha, han buscado dificultar la posibilidad de que estos hechos sean conocidos y denunciados: la selección de las víctimas entre los estratos socialmente marginados de la población, el traslado de las víctimas a lugares alejados para ser ejecutados en zonas donde nadie pueda conocerlos y reclamarlos, su entierro en fosas comunes, de forma anónima y la ausencia de un registro confiable y actualizado de las personas que la Fuerza Pública reporta como “muertas en combate”, no pretenden más que mantenerlos en el silencio y dificultar el hecho de que la sociedad, y mucho menos las instancias judiciales, puedan conocer lo que está ocurriendo.
Ante la agudización de la situación económica y la falta de alternativas de integración para una ciudadanía plena con derechos, la “limpieza social” se constituye en el destino de una gran cantidad de jóvenes de los sectores más excluidos y marginados de la sociedad, que terminan siendo presa fácil de quienes hacen méritos con la destrucción de la vida de las personas más vulnerables de la sociedad.
Nuevos patrones
A partir de los casos denunciados en varias regiones del país -jóvenes de Soacha-, se han detectado nuevos patrones tales como los siguientes:
1. Selección de las víctimas entre los sectores más marginados de diferentes ciudades, especialmente entre jóvenes sin alternativas, propensos a aceptar ofertas de traslado “voluntario” a cambio de propuestas económicas diversas (legales o ilegales);
2. El traslado de las víctimas a lugares en donde su ejecución no despierte reclamos por parte de la población y en donde una vez ejecutados no puedan ser reconocidos ni reclamados por nadie;
3. La presencia de reclutadores profesionales (a veces militares o policías, según se ha denunciado) encargados de atraer a las futuras víctimas;
4. La presentación de las víctimas, ya no tanto como miembros de organizaciones guerrilleras, sino como extorsionistas, delincuentes comunes o miembros de las “bandas criminales emergentes”.
5. Persistencia de personal uniformado en realizar las primeras diligencias, la inspección de la escena del crimen y el levantamiento de los cadáveres, y de la jurisdicción penal militar en mantener la competencia en la investigación de estos hechos. Se han vuelto frecuentes los “dobles procedimientos” en casos en que aparentemente se permite que los casos sean llevados por la justicia ordinaria pero continúan simultáneamente llevándose en la jurisdicción penal con otro procedimiento, ubicado muchas veces en ciudades alejadas una de otra, impidiendo el derecho de defensa y propiciando así la impunidad.
El Plan Colombia y las ejecuciones extrajudiciales
“Durante este período, Norte de Santander y Antioquia son los dos departamentos con mayor número de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, representando la cuarta parte de los casos registrados. Detrás de estos departamentos se encuentran Meta, Huila, Putumayo, Cauca, Arauca, Caquetá y Casanare”. “Resulta preocupante constatar que estas regiones, prácticamente, coinciden con las
regiones en donde se han localizado las principales acciones del Plan Colombia, y son,con alguna excepción, departamentos en donde se viene implementando la Doctrina de Acción Integral a través de la implementación de los denominados Comandos de Coordinación de Acción Integral”.
Responsables
“El Ejército Nacional es la institución de la Fuerza Pública mayormente señalada como
responsable de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. De los 535 registros de entre enero de 2007 y junio de 2008, el Ejército Nacional aparece como
responsable del 93,7% de los casos (con 443 víctimas). En 7 de los casos se
denunció que el Ejército habría actuado de manera conjunta o coordinada con grupos
paramilitares, en hechos ocurridos durante el 2007. Dos casos más de actuación conjunta o coordinada de Fuerza Pública y paramilitares, se denunciaron en el primer semestre, lo que demuestra que los vínculos de la Fuerza Pública con los paramilitares todavíasubsisten, en ocasiones, para la comisión conjunta de estas violaciones. A la Policía Nacional se le atribuye la responsabilidad en el 5,1% de los casos, con 24 denuncias durante este período, en tanto que la Armada Nacional sería responsable del 1,3% de las denuncias, con 6 casos. Preocupa, sin embargo, que para el 2008 la Policía Nacional aumenta el porcentaje de presunta responsabilidad en estos hechos. La utilización de disparos de armas de fuego y de armamento no convencional (proyectiles con esquirlas y balas “recalzadas”), para reprimir protestas sociales por parte de la Policía Antidisturbios (ESMAD), tal y como se comprobó en la represión a las marchas indígenas, podría propiciar el aumento de muertes intencionales por parte de esta institución.
Clamor internacional
La gravedad de las violaciones a los derechos humanos por la fuerza pública colombiana es inocultable, y la preocupación ha sido expresada por la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Organización de las Naciones Unidas.
En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública,fundamentalmente del ejército”, señalando además que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos, revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener -a partir de dichos resultados- una serie de beneficios y reconocimientos”.