Mujeres de Vanguardia

Mireya García de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que “es una vergüenza y una conducta que se está haciendo permanente en los Tribunales de Justicia, en el sentido de dar condenas extremadamente bajas o beneficios. Esto significa que los violadores de derechos humanos quedan en absoluta libertad y no cumplen ni un solo día en la cárcel. La justicia debe ser completa y no puede ser a medias”. Según las dirigentes, esta resolución judicial es muy baja, comparada con el brutal asesinato de los cuatro jóvenes efectuados por la Caravana de la Muerte.

La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a seis años de presidio efectivo, sin beneficios, al general en retiro del Ejército Sergio Arellano Stark por el homicidio calificado de cuatro militantes del Partido Socialista en el denominado "episodio San Javier", una de las aristas de esta comitiva militar que se encargó de dar rapidez a procesos y ejecuciones a los opositores a la Dictadura Militar.

El abogado querellante del caso, Hugo Gutiérrez, destacó “que ha sido una larga espera de altibajos pero hoy, después de tantos años, recibimos una recompensa. La sentencia no es todo lo que uno espera pero al menos indica que la orden de asesinar la dio Arellano Stark y eso es el principio de las posteriores penas que tendrá que recibir por los otros episodios de la Caravana de la Muerte”.
En el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte del 2 de octubre de 1973 fueron asesinados cuatro militantes del Partido Socialista quienes habían sido detenidos por Investigaciones de San Javier y llevados a la cárcel pública de la ciudad. Ellos eran Teófilo Arce Tolosa de 26 años, Mauricio González Norambuena de 20, quienes se desempeñaban en la Corporación de Reforma Agraria (CORA); José Sepúlveda Baeza de 22, quien era estudiante universitario, y Segundo Sandoval Gómez, de 19, quien cursaba la enseñanza media.
El oficial retirado Carlos Romero Muñoz tuvo la misma condena, mientras que José Parada Muñoz, Mario Cazenave Pontanilla y Julio Barrios Espinace, fueron sentenciados a cuatro años de cárcel con el beneficio de la libertad vigilada. Además, la Corte ordenó una indemnización de $80 millones a las querellantes.

“Una vergüenza”
Las agrupaciones de derechos humanos miran con ojos críticos esta resolución. Mireya García de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que “es una vergüenza y una conducta que se está haciendo permanente en los Tribunales de Justicia, en el sentido de dar condenas extremadamente bajas o beneficios. Esto significa que los violadores de derechos humanos quedan en absoluta libertad y no cumplen ni un solo día en la cárcel. La justicia debe ser completa y no puede ser a medias”.
En este sentido, Marta Godoy presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, coincidió con que estos fallos “apuntan a la impunidad” porque son penas bajas. Además, en este contexto y ante el cumplimiento de 10 años de la detención de Augusto Pinochet en Londres, Godoy manifestó que “en esta fecha recordamos las movilizaciones de la gente y de las otras agrupaciones para que realmente se juzgara a Pinochet”. La dirigente adelantó que a finales de octubre se presentarán nuevas querellas por casos de ejecutados políticos.
Fuente: www.radio.uchile.cl/notas Informe de Diana Porras.

La Caravana de la muerte
En octubre de 1973, durante algunos días, una "delegación" militar recorrió varias ciudades en las provincias del norte y del sur de Chile, desplazándose en un helicóptero Puma. Armados para la guerra, la unidad militar secuestró y dio muerte a decenas de opositores políticos al golpe militar de septiembre de ese año, encabezado por el general Augusto Pinochet.
Muchas de las víctimas de lo que se ha llamado la "caravana de la muerte" se encontraban ya detenidas en las prisiones del entonces recién instalado régimen militar. Más de 3.000 opositores murieron o "desaparecieron" durante los años del gobierno militar. Varios de los encarcelados fueron obligados a salir de sus celdas y ejecutados sumariamente, muchas veces sin el permiso o el conocimiento de las autoridades militares locales. Por lo menos 72 personas fueron asesinadas y el trístemente célebre capítulo de la "caravana de la muerte" es todavía hoy uno de los más recordados cuando se habla de violación de los derechos humanos durante los años del gobierno militar en Chile.

Juicio de terror
Según los datos de las organizaciones pro-derechos humanos, fueron más de 3.000 los "desaparecidos" de la época de Pinochet. El siniestro Puma aterrizó en Cauquenes, La Serena, Copiapo, Antofagasta y Calama, en el norte, y al menos en otra ciudad del sur.
Oficialmente, la delegación militar tenía orden de "revisar los procedimientos a los que se debía someter a los prisioneros políticos en las regiones, para que sigan los estándares establecidos en Santiago". Según el abogado de Pinochet, Ricardo Rivadeneira, el ex mandatario chileno "nunca ordenó ninguna ejecución y, ni mucho menos, ningún secuestro".
Los opositores al general que lucharon para que se enfrentara a un juicio por las violaciones cometidas durante los años de su gobierno aseguran que Pinochet tuvo una clara responsabilidad en lo sucedido al enviar a estrechos colaboradores suyos en esa "delegación".

Arellano Stark recibe condena